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miércoles, 4 de diciembre de 2013

¿Puede la dirección de un colegio acceder al móvil de un alumno sin consentimiento de los padres?

Al parecer es posible, la Sala de lo Contencioso-admninistrativo, de la Audiencia Nacional, ha dado la razón al director de un colegio que accedió al móvil de un menor de 12 años, sin consentimiento previo de los padres.

En concreto, el director del colegio recibió una queja de una alumna que afirmaba que dicho menor le había enseñado un video de contenido sexual por ello, pidió al menor que encendiera su teléfono móvil, informándole previamente de que iba a comprobar, junto al informático del colegio, los datos históricos de navegación en internet y el contenido multimedia almacenado, comprobando efectivamente que en el día que había indicado la menor se había accedido con ese móvil a dos páginas pornográficas.
El padre del menor denunció tales hechos ante la Agencia Española de Protección de Datos (AGPD), sobre la base de que la información obtenida por el colegio a través del teléfono móvil del menor tenía la naturaleza de datos de carácter personal y la misma se había obtenido sin el preceptivo consentimiento de los padres o tutores y por tanto, vulnerando el art. 13.1 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (RLOPD), que establece que en el caso de los menores de 14 años es necesario que dicho consentimiento sea prestado por los padres o tutores.
Sin embargo, la AGPD denegó la incoación de un procedimiento sancionador al entender que los contenidos incluidos en un teléfono móvil, quedan excluidos de la esfera de aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal (LOPD) en aplicación del art. 2.2.a) de la citada ley, que establece que la protección de los datos de carácter personal no es de aplicación "a los ficheros mantenidos por personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas"
Sin perjuicio de lo anterior, la AGPD entendió además, que dado que el Director del colegio había accedido al móvil del menor en virtud de un procedimiento disciplinario, la Ley Orgánica de Educación y la propia normativa del centro educativo ampararían dicha actuación.
Dicha Resolución fue recurrida y la Audiencia Nacional ha analizado el caso, llegando a conclusiones que discrepan con lo inicialmente afirmado por la AGPD. En este sentido, dicho Tribunal afirma que la exclusión a la que se refiere el art. 2.2.a) debe ser interpretada "en el sentido del libre establecimiento de archivos y del tratamiento de personas físicas correspondientes a terceros (por ejemplo una lista de contactos) siempre que se haga en un contexto puramente personal o doméstico". Sin embargo, niega que los contenidos que albergan los teléfonos móviles queden con carácter general, excluidos de la protección de la normativa en materia de protección de datos y es que, a su juicio, dichos terminales pueden contener por ejemplo, informaciones referentes a la salud o vida sexual, que desde luego tienen una máxima protección, en aplicación de dicha normativa.
En la línea de lo anterior, la Audiencia Nacional llega a la conclusión de que el régimen protector de la normativa de protección de datos es aplicable tanto al historial de navegación realizado por una persona como a los contenidos descargados, a través de un teléfono móvil, al tratarse de datos de carácter personal relativos a personas físicas identificadas o identificables.
Sin embargo, entiende dicho Tribunal que en este caso, no se requiere el consentimiento inequívoco del titular de los datos para el tratamiento de los mismos (que como hemos dicho anteriormente, correspondería otorgar a los padres o tutores del menor) toda vez que el tratamiento de los datos fue necesario para satisfacer un interés y servicio público, como es la educación, puesto que unos contenidos como los que fueron exhibidos por el menor en el colegio podrían comprometer la integridad moral del resto de alumnos. Por tanto, el director del centro estaba legítimamente autorizado a actuar en los términos expuestos para llevar a cabo "una adecuada prestación del servicio educativo que tiene encomendado y la protección de los derechos de los otros menores cuya guarda asimismo se le confía".
Fuente:Legal today
Autora:María Jesús Rodrigo

jueves, 14 de noviembre de 2013

Legitimación activa del presidente de comunidad de propietarios

El Tribunal SupremoSala Primera, de lo Civil, en su sentencia 699/2011, de 10 de octubre, recurso 1395/2008, ponente Juan Antonio Xiol Rios, ha establecido comodoctrina jurisprudencial que el presidente de la comunidad de propietarios debe estar autorizado por acuerdo válidamente adoptado en junta para ejercitar acciones judiciales en defensa de la Comunidad, lo que supone que todos los tribunales de Justícia españoles deben aplicarla.
El Fundamento de Derecho Tercero de la Sentencia dice:
“La doctrina jurisprudencial pese a no desconocer que el presidente de la comunidad de propietarios asume la representación orgánica de la comunidad declara que la actuación del presidente en defensa de aquella ha de autorizarse a través de un acuerdo adoptado válidamente en el ámbito de las competencias de la comunidad, ya que de conformidad con el artículo 13.5 de la Ley de Propiedad Horizontal  es a la Junta de Propietarios a la que corresponde conocer y decidir en los demás asuntos de interés general para la comunidad acordando las medidas necesarias o convenientes para el mejor servicio de la comunidad. Asimismo la jurisprudencia es clara cuando exige que el acuerdo para actuar en juicio en defensa de los intereses de la Comunidad es requisito indispensable atribuido a la Junta de Propietarios ( SSTS 11 de diciembre de 2000, 6 de marzo de 2000, 23 de diciembre de 2005 )”.

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jueves, 3 de octubre de 2013

Una sentencia abre las ITV a los concesionarios

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dado la razón a la Federació Catalana de Venedors de Vehicles a Motor (Fecavem) y ha declarado nulo el concurso público por el que se adjudicaron las ITV en Catalunya. El tribunal entiende que en este tipo de servicios debe prevalecer la liberalización que emana de la directiva europea y no pueden establecerse restricciones ni territoriales ni de número de operadores. Con esta sentencia, los concesionarios se consideran legitimados para entrar en el negocio de las ITV, en contra de lo que defienden los operadores del sector.
Enlace web

SENTENCIA TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA NUM. 284/2010 21-03-2013

Marginal: PROV\2013\130214
Tribunal: Tribunal Superior de Justicia, Comunidad Autónoma de Cataluña (Contencioso-Administrativo) Sección 5
Fecha: 21/03/2013
Jurisdicción: Contencioso-Administrativa
Recurso contencioso-administrativo núm. 284/2010
Ponente: Alberto Andrés Pereira
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Recurso nº 284/2010
SENTENCIA Nº 211/2013
Ilmos. Sres. Magistrados:
DON ALBERTO ANDRÉS PEREIRA
DON JUAN FERNANDO HORJADA MOYA
DON EDUARDO PARICIO RALLO
En la Ciudad de Barcelona, a 21 de marzo de dos mil trece.
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN QUINTA) ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso contencioso-administrativo nº 284/2010, interpuesto por la FEDERACIÓ CATALANA DE VENEDORS DE VEHICLES A MOTOR (FECAVEM) , representada por el Procurador D. Antonio Mª de Anzizu Furest y dirigida por el Letrado D. Lluís Cases Pallarés, contra la ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (Departament d'Innovació, Universitats i Empresa) representada y dirigida por el Sr. Abogado de la Generalitat, siendo partes codemandadas la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO , representada y dirigida por el Sr. Abogado del Estado, y las entidades CERTIO ITV S.L. , representada por el Procurador D. Francisco Javier Manjarín Albert y dirigida por el Letrado D. Romà Miró i Miró, GRUPO ITEVELESA S.L. , representada por el Procurador D. Ángel Joaniquet Tamburini y dirigida por la Letrada Dª Silvia Rodiño Sorli, y ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIAL S.A.E. , representada por la Procuradora Dª María Carmen Fuentes Millán y dirigida técnicamente por Letrado. Ha sido Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. ALBERTO ANDRÉS PEREIRA, quien expresa el parecer de la Sala.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por la representación de la parte actora, en escrito presentado en la Secretaría de esta Sala, se interpuso el presente recurso contra la Orden IUE/279/2010, de 7 de mayo, por la que se abrió la convocatoria y se aprobaron las bases reguladoras del concurso público para acceder a la autorización de nuevas estaciones de inspección técnica de vehículos previstas en el Plan territorial aprobado por Decreto 45/2010, de 3 de marzo, y contra la Resolución de 4 de octubre de 2010 del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa de la Generalitat de Catalunya, que resolvió el expresado concurso.
SEGUNDO.- Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos, en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de los actos objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.
TERCERO.- Continuado el proceso por los trámites que aparecen en autos, se señaló día y hora para la votación y fallo, diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada.
CUARTO.- En la sustanciación de este pleito se han observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO En el presente recurso se impugna la Orden IUE/279/2010, de 7 de mayo, por la que se abrió la convocatoria y se aprobaron las bases reguladoras del concurso público para acceder a la autorización de nuevas estaciones de inspección técnica de vehículos previstas en el Plan territorial aprobado por Decreto 45/2010, de 3 de marzo, y contra la Resolución de 4 de octubre de 2010 del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa de la Generalitat de Catalunya, que resolvió el expresado concurso.
SEGUNDO Esta Sala y Sección del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictado la sentencia 221/2012, de 25 de abril (recurso nº 181/2010 ), en la que se ha declarado la nulidad de los artículos 12, en el inciso "por la Agencia Catalana de Seguridad Industrial para actuar en el territorio de Cataluña" , 13, 14, 15, 22.1, 22.3, 22.5, 24.1.d/, 24.4, 24.6, 24.7, 38, 39, 40, 46.1.c/, 51, 60, 61, 62, 63.1.a/ y c/, 65 a 69, 73, 74, 75, 77, 78.1.a/ y c/, 80.2, 80.3, 80.4, 81 y 82, 92, 93, 104 105, disposiciones adicionales 2 ª, 3 ª y 4 ª y disposición transitoria 5ªLCAT 2010\174 del Decreto 30/2010, de 2 de marzo ( LCAT 2010\174 y 574) , que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 12/2008, de 31 de julio ( LCAT 2008\653 ) , de seguridad industrial, así como el Decreto 45/2010, de 30 de marzo ( LCAT 2010\253 ) , que aprueba el Plan territorial de nuevas estaciones de inspección técnica de vehículos de Cataluña para el periodo 2010-2014, en su integridad.
Es de destacar que los concretos preceptos referidos a los titulares de las estaciones de inspección técnica de vehículos se desarrollan en el título IV (artículos 70 a 82), que comprende tres capítulos: I, disposiciones generales, II, requisitos específicos y obligaciones de los titulares de las estaciones de inspección técnica de vehículos, III, procedimiento de autorización.
Inciden directamente en lo que constituye el objeto del presente recurso contencioso-administrativo los artículos 80.3LCAT 2010\174 y 82LCAT 2010\174 del Decreto 30/2010, de 2 de marzo , que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 12/2008, de 31 de julio, de seguridad industrial, así como el Decreto 45/2010, de 30 de marzo, que aprueba el Plan territorial de nuevas estaciones de inspección técnica de vehículos de Cataluña para el periodo 2010-2014, expresamente declarados nulos en la citada sentencia.
Con posterioridad, esta Sala y Sección del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictado la sentencia 466/2012, de 13 de julio (recurso nº 271/2010 ), anulando, por no ser conforme a derecho, la Orden IUE/279/2010, de 7 de mayo (DOGC núm. 5628, de 13 de mayo), por la que se abre la convocatoria y se aprueban las bases que regulan el concurso público para acceder a la autorización de nuevas estaciones de inspección técnica de vehículos previstas en el Plan territorial aprobado por Decreto 45/2010, de 30 de marzo, sustentada en la doctrina de la sentencia 221/2012, de 25 de abril .
TERCERO La sentencia 221/2012, de 25 de abril , explica el por qué alcanza esa conclusión con los siguientes razonamientos (traducidos de su original en catalán):
"SEGUNDO.- La Unión Europea dictó el diciembre de 2006 la Directiva 2006/123/CE, de servicios, con el objetivo de desarrollar los principios de libre establecimiento y prestación de servicios establecidos en losartículos 43RCL 1999\1205 bisy49RCL 1999\1205 bis del Tratado de la Unión Europea ( RCL 1999\1205 bis ) (artículos 49y56TFUE). Tal Directiva fue objeto de transposición medianteLey 17/2009, norma transversal que introduce el principio de libertad de establecimiento -artículo 4 - y la consiguiente eliminación o limitación de las restricciones existentes en nuestro ordenamiento jurídico.
Destaca en este sentido la regla de interdicción de las autorizaciones y de los sistemas de control administrativo, restricciones cuya subsistencia queda condicionada al hecho que no supongan discriminación, estén fundamentadas en las razones imperiosas de interés general establecidas en la misma Ley y a la proporcionalidad de los controles, teniendo en cuenta que la Ley que los establezca debe motivar la excepción en los anteriores términos -artículo 5-. A su vez, la norma de transposición determina que las autorizaciones o los sistemas de control deben permitir el ejercicio indefinido de la actividad, de forma que sólo resultan admisibles las limitaciones que puedan justificarse en una razón imperiosa de interés general o cuando el número de autorizaciones disponibles quede limitado por la escasez de los recursos naturales o por inequívocos impedimentos técnicos -artículos 7.1 y 8-; caso éste en el que el procedimiento de adjudicación debe efectuarse de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad e imparcialidad. Asimismo, la autorización resulta inicialmente válida en todo el territorio nacional, de forma que solo puede quedar territorialmente limitada cuando concurra una razón de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente. Finalmente, es posible exigir una autorización por cada establecimiento físico si tal medida queda justificada en una razón imperiosa de interés general - artículo 7.3-.
Tal planteamiento se extiende a todos los requisitos que se puedan establecer, requisitos que igualmente tienen que quedar justificados en alguna razón imperiosa de interés general y en todo caso deben ser claros, inequívocos, objetivos, públicos y transparentes -artículo 9-.
La Ley 17/2009 incluye asimismo mismo una serie de requisitos prohibidos, como por ejemplo los de naturaleza económica que condicionen la autorización de una actividad a la prueba sobre la existencia de una necesidad económica o una demanda de mercado, a la valoración de los efectos económicos o, en general, la vinculación del ejercicio de la actividad a una planificación económica -artículo 10-.
Tampoco son inicialmente admisibles las restricciones cuantitativas o territoriales, específicamente los límites fijados en función de la población o la exigencia de una distancia mínima entre prestadores, la vinculación a fines económicos como por ejemplo la viabilidad de los prestadores, los requisitos referidos a la composición de la plantilla o las restricciones de precios como la imposición de tarifas máximas o mínimas -artículo 11-. Las citadas restricciones sólo resultan admisibles excepcionalmente cuando no sean discriminatorias y queden proporcionalmente justificadas en alguna razón imperiosa de interés general.
Finalmente laLey 17/2009 impone la regla general del silencio positivo, de forma que los supuestos de silencio desestimatorio tienen que quedar previstos en una norma con rango de Ley y estar justificados igualmente en razones imperiosas de interés general -artículo 6 -.
TERCERO.- la actora entiende que la Directiva y la Ley de transposición son aplicables al caso, resultando una incompatibilidad generalizada del régimen de intervención que la Ley y específicamente los decretos impugnados articulan con el régimen de libre establecimiento que impone la normativa europea.
Por su parte, las demandadas entienden que la seguridad industrial tal y como está regulada queda fuera del ámbito de aplicación de la Directiva de servicios y de la Ley 17/2009. Recuerdan en este sentido que la Ley de seguridad industrial fue promulgada cuando la Directiva ya estaba vigente, esto es, en el período de transposición, y aun así se consideró que no quedaba afectada, siendo así que la normativa catalana de transposición tampoco ha considerado necesario incorporar ninguna referencia a la seguridad industrial. A su vez alegan que la seguridad industrial queda configurada legalmente como un servicio público de interés general y en todo caso comporta ejercicio de autoridad, circunstancias que sitúan el sector al margen de la normativa sobre libertad de establecimiento según lo previsto en el artículo 2.2.a / e i/ de la Directiva y también de la Ley 17/2009.
Pues bien, en primer lugar debemos señalar que estamos ante la aplicación de una Directiva europea, una disposición que ha sido objeto de transposición efectiva, de forma que la Ley 17/2009 es inicialmente la normativa de contraste. Dicha norma tiene carácter básico, de forma que se proyecta sobre todo el ordenamiento español, incluido el ordenamiento autonómico.
En segundo lugar hay que tener en cuenta que estamos ante una normativa comunitaria que debe ser interpretada, tanto en su configuración inicial como en su transposición, de acuerdo con el sistema conceptual y los principios comunitarios. En este sentido, pierde peso el contenido dogmático que el derecho interno ha dado a las categorías jurídicas y a los conceptos en cuestión, para prevalecer la acepción consolidada por el derecho comunitario ( TJUE, sentencia "Internacional HandelsgesellschaftmbH" de 17 de diciembre de 1970 ). Un derecho que, en un contexto en que las categorías son muy variables en los diferentes derechos internos de la Unión Europea, pone énfasis en las situaciones de hecho y en los efectos materiales independientemente de las denominaciones formales.
En tercer lugar debemos tener presente que los órganos jurisdiccionales internos actúan a su vez como órganos jurisdiccionales de la Unión Europea y quedan vinculados por el derecho comunitario hasta el extremo de tener que inaplicar la norma interna cuando ésta resulta contradictoria con el derecho comunitario de aplicación directa ( TJUE, sentencia "Simmenthal" de 9 marzo de 1978 ).
Hay que estar en consecuencia a la Ley de transposición, pero asimismo hay que considerar que tal Ley es expresión de una Directiva que debe ser interpretada de acuerdo con los parámetros de la jurisprudencia europea en el bien entendido que, habiéndose superado el plazo de transposición, la Directiva desplegaría en este caso un efecto directo vertical (* TJUE, sentencia "Von Colson" de 10 de abril de 1984 ).
Pues bien, ciertamente la Ley 12/2008 de seguridad industrial configura este sector como un servicio público de interés general. Ahora bien la Ley no atribuye la ejecución del servicio a la Administración pública sino que la cede al sector privado; a unos particulares que no actúan como contratistas de la Administración sino a título privado, aunque bajo un intenso control público. Es significativo en este aspecto que la técnica que se utiliza -la autorización- no es una técnica de gestión de servicios públicos. Por otro lado, no cabe duda que la configuración sectorial que nos ocupa tiene un marcado perfil de autoridad, pero no es menos cierto que la autoridad queda atribuida a la Administración en las facultades de control y sanción que se le reconocen, con la precisión que más adelante se hará.
Hay que tener en cuenta asimismo el concepto de servicio de interés general que maneja la Directiva en el sentido que no incluye los servicios financiados a partir de contrapartida económica. No es así en el supuesto de que nos ocupa, puesto que está prevista una contrapartida económica, concretamente de naturaleza privada. Los apartados 17 y 34 de la exposición de motivos de la Directiva de servicios son significativos en este sentido.
Como puso de manifiesto de manera diáfana la Comisión Jurídica Asesora en el informe efectuado en el procedimiento de elaboración del Decreto 30/2010, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado en un caso paralelo al que nos ocupa. En efecto la sentencia de 22 de octubre de 2009aborda la normativa de inspección de vehículos de la República de Portugal. El Tribunal considera que la Directiva 96/96/CE no constituye una norma especial que pueda desplazar la Directiva 2006/123/CE en la medida que no regula los requisitos de acceso a la actividad sino que se limita a establecer una obligación de control por parte de los poderes públicos respecto de los establecimientos designados -públicos o privados- que asuman la ejecución material del servicio, para después centrarse en los requisitos de calidad de los controles. Un planteamiento susceptible de ser aplicado a la actual Directiva 2009/40 que se manifiesta en los mismos términos. Por lo tanto, hay que descartar esta objeción.
La sentencia mencionada reconoce que el artículo 45 del Tratado incluye una cláusula de excepción general al principio de libertad de establecimiento que se refiere a las actividades que, consideradas en sí mismas, estén directa y específicamente relacionadas con el ejercicio del poder público. Ahora bien, el Tribunal entiende que no pueden ser considerados en este sentido los organismos privados que actúan en una función meramente instrumental y bajo la supervisión activa de una autoridad pública competente y responsable en última instancia. La sentencia sigue en este sentido una jurisprudencia ya consolidada en las anterioressentencias de 29 de noviembre de 2007 Comisión/Austria , nº C-393/05 y Comisión/Alemania, nº C-404/05. En consecuencia, tanto la función de comprobación como la de certificación que regulan las estaciones de ITV son inicialmente ajenas al ejercicio de poder
público, al menos de una forma directa como seria necesario para fundamentar una exclusión del principio de libre establecimiento y prestación de servicios.
Conviene destacar que el dato esencial que toma en consideración el Tribunal es el hecho de que las entidades privadas actúan bajo la supervisión estrecha del poder público, y sólo a fortiori toma en consideración que no ejercen materialmente actos coercitivos (fundamento 44). En este contexto la acepción que en derecho comunitario hay que dar a la excepción de ejercicio de autoridad prevista alartículo 51TFUEno incluye las actividades privadas sometidas a supervisión y encuadre por una autoridad pública que aparece como responsable en última instancia (fundamento 37). A partir de tal planteamiento la sentencia mencionada concluye que la Directiva 2006/123/CE resulta aplicable a las estaciones de ITV, de forma que las restricciones de establecimiento sólo pueden ser admitidas a partir de la concurrencia motivada y proporcional de razones imperiosas de interés general, circunstancia no acreditada en aquel caso.
Las demandadas apelan en este punto a la facultad que los artículos 58.e/ y 71.1.e/ del Decreto 30/2010atribuyen a los organismos de control y a las estaciones de ITV para adoptar respectivamente la medida cautelar de ordenar la interrupción del funcionamiento de las instalaciones o impedir la utilización de los vehículos cuando unas u otros presenten deficiencias de seguridad que comporten peligro inminente. Unos preceptos que son correlativos a los artículos 29.e/ y 35.b/ de la Ley 12/2008.
Ahora bien, en primer lugar debemos considerar que también esta posibilidad queda bajo la supervisión inmediata de la autoridad administrativa, que mantiene la capacidad de decisión final. No podría ser de otra forma. En segundo lugar, hay que tener presente que la medida cautelar se limita literalmente en el caso de los organismos de control a una orden de interrupción de las instalaciones; esto es, a un pronunciamiento declarativo. En el caso de las estaciones de ITV la medida de impedir la circulación de los vehículos que, después de ser revisados, presenten deficiencias de seguridad que comporten un peligro inminente tiene su razón de ser en los casos en que la inspección haya sido certificada negativamente, situación que obliga al titular del vehículo a trasladarlo por otros sistemas. El anexo IV.5 del Real Decreto 224/2008, de 15 de febrero ( RCL 2008\767 ) , es significativo en este sentido. Tampoco en este supuesto se puede considerar que la intervención del titular de la estación de ITV tenga que ir necesariamente más allá de la declaración de tal situación ejerciendo una compulsión física sobre el titular del vehículo. Por otro lado, sucede que en nuestro ordenamiento el ejercicio de autoridad queda reservado a las Administraciones públicas. Así queda establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre ( RCL 2007\1964 ) , de contratos del sector público ( artículo 277), en el Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre , ( artículo 275.1) y, en el mismo sentido, en el artículo 85.3RCL 1985\799Ley 7/1985, de 2 de abril ( RCL 1985\799 y 1372) , reguladora de las bases del régimen local y en elartículo 92 del Real Decreto Legislativo 861/1986, de 25 de abril. Más específicamente todavía, el ejercicio de autoridad corresponde exclusivamente a los funcionarios públicos ( artículo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto ( RCL 1984\2000 , 2317 y 2427) ,artículo 30RCL 1984\2000 del Decreto legislativo 1/1997, de 2 de abril , y artículo 92 de la Ley reguladora de las bases del régimen local ).
Las anteriores circunstancias justifican una interpretación conforme de los artículos 30.e/ y 35.b/ de la Ley 12/2008en el sentido mencionado. En definitiva, la medida cautelar prevista en el Decreto 30/2010 y en la misma Ley 12/2008 es una facultad de carácter marginal que queda configurada para un supuesto excepcional, facultad que no puede servir en el contexto que nos ocupa como un argumento capaz por sí solo de definir el régimen jurídico del sector sustrayéndolo del régimen ordinario de libertad de establecimiento establecido a partir de los artículos 49 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea .
La conclusión es que la Directiva 2006/123/CE y la Ley 17/2009 resultan aplicables al ámbito de la seguridad industrial de acuerdo con los parámetros europeos de interpretación. Este planteamiento no queda afectado por el hecho que sea una norma con rango de Ley la que defina la configuración del sector e introduzca las restricciones cuestionadas. El caso es que la Ley 17/2009 es posterior y de carácter básico, de forma que se impone a la Ley 12/2008 pero, en cualquier caso, según lo argumentado correspondería sencillamente estar al efecto directo de la Directiva inaplicando la normativa interna eventualmente contradictoria con la misma.
Las razones mencionadas y especialmente lasentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de octubre de 2009 permiten considerar la aplicación de la Directiva 2006/123/CEcomo un acto claro a los efectos de hacer innecesario el planteamiento de una cuestión prejudicial europea, en el bien entendido que en el supuesto que nos ocupa la presente sentencia es susceptible de recurso ( TJUE, sentencia "Cilfit" de 6 de octubre de 1982 y, más recientemente,sentencia "UGT Rioja" de 11 septiembre 2008 ).
CUARTO.- La inclusión del control de la seguridad industrial en el ámbito de la Directiva de servicios comporta la interdicción de determinadas restricciones y la necesidad en todo caso de justificar las que se establezcan en alguna razón imperiosa de interés general proporcional con la intensidad de la restricción y, en todo caso, no discriminatoria. Tal justificación debe plasmarse en la misma Ley sectorial, que tiene que motivar suficientemente las restricciones. El caso es que la Ley 12/2008 incluye efectivamente determinados motivos para justificar algunas restricciones, como por ejemplo la limitación cuantitativa de las autorizaciones, pero no justifica la misma exigencia de las autorizaciones en sí mismas ni tampoco el grueso de las restricciones que son objeto de impugnación.
En efecto, los artículos 31 y 37 admiten respectivamente la limitación del número de organismos de control y de estaciones de ITV para asegurar la buena prestación del servicio y garantizar la objetividad y calidad de la inspección, como también el artículo 37.3 admite la posibilidad de establecer distancias mínimas para asegurar la compatibilidad de estaciones de ITV. Ahora bien tales justificaciones no encajan inicialmente en el listado de razones imperiosas de interés general establecido en el artículo 3.11RCL 2009\2256 de la Ley 17/2009, pero es que tampoco se justifica que la introducción de estas restricciones sea proporcionada y no admita posibilidad de conseguir la misma finalidad con una restricción menor. Hay que señalar en este sentido que la restricción cuantitativa de operadores privados es extrema en la normativa analizada sin que pueda adivinarse la razón ni se justifique esta limitación en los términos delartículo 8.1RCL 2009\2256 de la Ley 17/2009. A su vez, la duración de las autorizaciones de 20 y 30 años difícilmente se puede entender proporcionada en los términos del artículo 8.2.b/ de la Ley de transposición y del apartado 62 de la exposición de motivos de la Directiva.
En definitiva, ni las restricciones cuantitativas o temporales quedan justificadas en los términos expresados, ni la misma exigencia de autorización lo está en la forma exigida. Es posible, incluso probable, que el sometimiento de la actividad a autorización pueda ser correctamente justificada, como también otras restricciones, pero el caso es que ni las partes de este proceso ni este órgano jurisdiccional pueden entrar en una dinámica puramente especulativa al respeto.
Debemos señalar que el Tribunal Supremo se ha pronunciado recientemente en este sentido a propósito de la exigencia de autorización de los organismos de control industrial y en relación alartículo 15RCL 1992\1640 de la Ley 21/1992, de 16 de julio ( RCL 1992\1640 ) , de industria. Así, lassentencias de 29 de junio de 2011 -recurso nº. 252/2010 - y de 27 de febrero de 2012 -recurso nº. 191/2010 - vienen a recordar que, de acuerdo con el planteamiento mencionado, la concurrencia de razones imperiosas de interés general tiene que quedar explicitada en la normativa que introduce la restricción, concretamente en este caso el sometimiento a autorización.
Por lo tanto, no se trata de determinar aquí en qué medida se podrían haber justificado las restricciones. Lo que se trata es que la disposición que introduce la restricción -más específicamente la Ley sectorial de acuerdo con el artículo 5.1 de la Ley de transposición- la justifique en atención a los datos y la valoración que considere oportuna y de acuerdo con su particular voluntad de ordenar el sector.
En consecuencia debemos admitir el recurso respecto el Decreto 30/2010 en los siguientes extremos:
- Los artículos 65 a 69 y el artículo 73, en la medida que introducen la necesidad de autorización y a la vez limitan el número de las mismas, y también los artículos 14, 92 y 93 referidos a la autorización de las entidades de evaluación y los artículos 15, 104 y 105 referidos a la autorización de las entidades de evaluación de riesgos industriales;
- Por conexión, los artículos 22.1, 22.3, 24.1.d/, 24.4, 24.6, 24.7, 46.1.c/, 66.2, 80.2, 80.3, 80.4, 81 y 82, disposiciones adicionales 3 ª y 4ª. Cabe decir en este sentido que el régimen de continuidad establecido para las empresas históricas y la atribución a las mismas de autorización sin concurrir a licitación supone un privilegio discriminatorio respeto de los competidores igualmente incompatible con la Ley 17/2009;
- Los artículos 61, 60, 63.1.a/ y c/, 75, 78.1.a/ y c/, 74,y DT 5ª en cuanto restricciones para el ejercicio de la actividad en lo que se refiere a los ámbitos materiales y territoriales de actuación, solvencia de las empresas y cuota de mercado;
- Los artículos 13, 38, 39, 40, 62, y 77 por incluir otras restricciones como por ejemplo las referidas al personal o plantilla de las empresas;
- El artículo 51 en la medida que supone una imposición de tarifas a los prestadores del servicio;
- El artículo 12 en el inciso "por la Agencia Catalana de Seguridad Industrial para actuar en el territorio de Cataluña", en la medida que comporta la prohibición de actuar en territorio catalán a los titulares de autorizaciones otorgadas por Administraciones ajenas, en contra del artículo 7.3RCL 2009\2256 de la Ley 17/2009;
- Asimismo, debemos declarar la nulidad del Decreto 45/2010 por las mismas razones, puesto que articula la limitación de licencias de las estaciones de ITV, no habiéndose justificado ni éstas ni aquella."
CUARTO Procede, en definitiva, estimar el presente recurso contencioso-administrativo, ya que, como de manera reiterada afirma la jurisprudencia, la declaración de nulidad de pleno derecho de una disposición general comporta también la de todos los actos adoptados en ejecución o desarrollo de aquélla. En consecuencia, habida cuenta que la sentencia de esta Sala y Sección nº 221/2012 ha declarado la nulidad de determinados preceptos del Decreto 30/2012 y, en su integridad, del Decreto 45/2010, en tanto que la sentencia nº 466/2012 ha llegado a idéntica conclusión en cuanto a la Orden IUE/279/2010, por la que se convocó el concurso de autos y se aprobaron sus bases reguladoras, resulta obvio que procede reproducir aquí este último pronunciamiento. La declaración de nulidad ha de extenderse igualmente a la Resolución de 4 de octubre de 2010, por las mismas razones que dieron lugar a la sentencia nº 466/2012 .
QUINTO No es de apreciar especial temeridad ni mala fe a los efectos de imposición de costas, conforme a lo prevenido en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional .
VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
F A L L A M O S
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Quinta) ha decidido:
1º Estimar el presente recurso contencioso-administrativo y, en consecuencia, declarar la nulidad, por no ser conforme a derecho, de la Orden IUE/279/2010, de 7 de mayo, por la que se convocó el concurso público para acceder a la autorización de nuevas estaciones de inspección técnica de vehículos previstas en el Plan territorial aprobado por Decreto 45/2010, de 3 de marzo, y se aprobaron las bases reguladoras del mismo.
2º Declarar la nulidad de la Resolución de 4 de octubre de 2010 del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa (rectificada el 21 del mismo mes y año), que resolvió el concurso antes referido.
3º No efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas.
Notifíquese la presente sentencia en la forma prevenida por la Ley y llévese testimonio de la misma a los autos principales.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de su notificación.
Así por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento. Doy fe.

miércoles, 25 de septiembre de 2013

La Abogacía presenta al Ministerio de Economía sus alegaciones a la Ley de Servicios y Colegios Profesionales

Dentro del plazo de audiencia concedido por el Ministerio de Economía y Competitivad el pasado 5 de septiembre, el Consejo General de la Abogacía Española ha presentado el lunes 23 de septiembre sus alegaciones y observaciones al anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 2 de agosto.

Fuente:Legal Today 

¿Qué es salvar el voto en comunidad de propietarios? Jurisprudencia


Roj: STS 3127/2013
Id Cendoj: 28079119912013100017

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil Sede: Madrid
Sección: 991
No de Recurso: 1523/2009

No de Resolución: 242/2013 Procedimiento: CIVIL
Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA

"El artículo 18.2 de la LPH no habla de emisión del voto contrario a la adopción del acuerdo. Se limita a conceder legitimación para impugnarlo a los propietarios que hubiesen salvado su voto en la Junta, a los ausentes por cualquier causa y a los que indebidamente hubiesen sido privados de su derecho de voto. La sentencia de 16 de diciembre de 2008 , declara, entre otras cosas, que "no se modifica el artículo 18 LPH , en el cual se mantiene como requisito para poder impugnar el acuerdo, únicamente respecto de los copropietarios presentes en la junta, que hayan salvado su voto o votado en contra del acuerdo". Salvar el voto y votar en contra no suponen por tanto lo mismo. El hecho de votar en contra significa que, sin más expresión de voluntad que la del propio voto disidente, el propietario tiene legitimación para impugnar los acuerdos en la forma que previene la LPH.

No es posible obviar que el legislador modificó la Ley para introducir, entre otras cosas, una expresión tan controvertida como la de "salvar el voto", que no tenía antecedentes en el ámbito de la propiedad horizontal, y que mediante esta reforma que ha de operar en una realidad social determinada por una reunión de vecinos no debidamente ilustrada en estas cosas, puede entenderse suficiente el hecho de votar en contra para impugnar un acuerdo comunitario con el que no se está conforme, significado que, por cierto, nada tiene que ver con el que tendría en una sociedad capitalista, ni por las expresiones que en ella se utilizan ("asistentes a la junta que hubiesen hecho constar en acta su oposición al acuerdo"), ni por la mayor exigencia de formalidades para éstas. La necesidad de salvar el voto únicamente tiene sentido en aquellos casos en los que los propietarios asisten a la Junta sin una información o conocimiento suficiente sobre el contenido y alcance de los acuerdos que se van a deliberar, y deciden no comprometer su voto, favorable o en contra, sino abstenerse de la votación a la espera de obtenerla y decidir en su vista. A ellos únicamente habrá de exigírseles dicho requisito de salvar el voto, pues en otro caso sí que se desconocería su postura ante dicho acuerdo. Con ello se evitaría, además, que el silencio o la abstención puedan ser interpretados como asentimiento al posicionamiento de la voluntad mayoritaria que se expresa en uno o en otro sentido "
Se declara como doctrina jurisprudencial la siguiente: la expresión "hubieren salvado su voto", del artículo 18.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, debe interpretase en el sentido de que no obliga al comunero que hubiera votado en contra del acuerdo, sino únicamente al que se abstiene.

Con esta sentencia se intento crear un precedente en lo que refiere a dicha temática pues con anterioridad existían  diferentes criterios de las diferentes audiencias, las cuales algunas interpretaban que aquellos comuneros que votasen en contra de un acuerdo no estaban legitimados para poder impugnar por no haber salvado el voto.




lunes, 16 de septiembre de 2013

Diferencia entre couta de propiedad y cuota comunidad

Cuando el dueño único de un edificio (ya sea el promotor, constructor ...) decide dividirlo en distintos pisos y venderlos, asigna a cada uno de ellos un coeficiente de la propiedad total que sería el 100%. Por ejemplo, si un local tiene asignado el 15%, el resto de los pisos y locales suman el 85% restante, y en total habrá un 100% . Estos porcentajes están referidos a los metros que efectivamente tiene cada propiedad del total de los metros del edificio.
Ahora bien, la CUOTA DE PARTICIPACIÓN, es un concepto ligéramente diferente y que la mayoría de la gente tiende a confundir con el coeficiente de propiedad. La LPH en ningún momento habla de coeficiente de propiedad y sí de cuota de participación. Si volvemos al ejemplo anterior, un local que tiene un coeficiente del 15% del total de los metros del edificio, podríamos decir que no contribuye a los gastos del edificio en un 15% pues posíblemente nunca usará el ascensor por ejemplo, o nunca hará uso de la luz de la escalera, ..es decir, si nos fijamos en el art 5 de la LPH, "En el mismo título (sic) se fijará la cuota de participación que corresponde a cada piso o local, determinada por el propietario único del edificio al iniciar su venta por pisos, por acuerdo de todos los propietarios existentes, por Laudo o Resolución Judicial. Para su fijación se tomará como base la superficie útil de cada piso o local en relación con el total del inmueble, su emplazamiento interior o exterior, su situación y el uso que se presuma racionalmente que va a efectuarse de los servicios o elementos comunes” Es decir, la ley prevée que la cuota de participación no solo se refiera a los metros útiles (coeficiente de propiedad), sino a otros parámetros, entre ellos el uso que se presuma racionalmente que va a efectuarse de los elementos comunes. Es decir, existe una diferencia entre coeficiente de propiedad y cuota de participación.
Los criterios para determinar uno y otro son claramente distintos.
Coeficiente de propiedad: Se toma como criterio objetivo el púramente técnico arquitectónico, los metros, y por tanto a cada piso le corresponderá un coeficiente, invariable, desde el principio, y dado por en elemento externo, el promotor, o el vendedor antes de iniciar la venta por pisos.
Cuota de participación: Lo conforman elementos subjetivos y circunstancias particulares, como su emplazamiento, situación, uso que se presume que efectuará de los elementos comunes, y también los metros útiles (circunstancias particulares). Su determinación se ha de establecer por la JUNTA DE PROPIETARIOS por UNANIMIDAD, y en cualquier momento que sea debidamente convocada al efecto.
(véase entre otras, la sentencia del Supremo al respecto, STS 28-12-84: ...el título constitutivo que en forma unilateral otorgó al promotor no le alcanza la consideración de blindado, para no poder ser modificado en materia de determinación de cuotas participativas por los copropietarios, que son los auténticos y directos interesados en la gestión del régimen de propiedad horizontal... aunque el promotor establezca las cuotas de participación, éstas no son inmutables... cabe establecer un régimen de coeficientes participativos distinto e incluso más gravoso que el precedente, así como fijar exclusiones, conforme a la doctrina reiterada de esta Sala (2-3-89, 2-2-91, 22-12-93, 22-3-94, 9-11-94)

Fuentehttp://apuntesdepropiedadhorizontal.blogspot.com.es/2010/01/la-cuota-de-participacion.html





lunes, 9 de septiembre de 2013

Procedimiento monitorio en comunidad de propietarios




La ley de propiedad Horizontal en su artículo 21 nos describe de manera algo escueta los pasos que debemos seguir si estamos interesados en reclamar una deuda contraída por un vecino moroso, no obstante existen algunos matices que no se nombran en dicha normativa y que  se deben tener en cuenta.
Por un lado en el proceso monitorio se intentara cobrar una deuda dineraria, que debe cumplir una serie de requisitos:

  1. Liquida
  2. Determinada
  3. Vencidas
  4. Exigibles
La ley de enjuiciamiento civil da la posibilidad de reclamar sin asistencia de abogado y procurador siempre que la cuantía no supere los 2000 euros y no exista una oposición, a la hora que  tengamos que emprender acciones judiciales tenemos que realizar unos tramites previos los cuales son de suma importancia y sin los mismos nuestra demanda podría no prosperar.

  • Celebración de junta correctamente convocada donde se liquida la deuda del comunero en cuestión y donde se autoriza al presidente o administrador a exigirla judicialmente.
  • La comunicación de dicho acuerdo se hará por escrito siguiendo los criterios de notificación que utiliza la ley de propiedad horizontal en su artículo 9, deberá ir firmada por el secretario con el visto bueno del presidente
  • Si el deudor no paga en el plazo de 3 días  desde que notificó el acuerdo el secretario debe emitir un certificado de dicho acuerdo y de la cantidad debida con el visto bueno del presidente.
LA PETICIÓN INICIAL
Para iniciar un Proceso Monitorio para la reclamación de deudas por impago de gastos comunes, una vez cumplidos los trámites antes citados, se ha de presentar por escrito una petición inicial, pudiendo utilizar al efecto los impresos o formularios normalizados que se encuentran a su disposición en los Juzgados o que puede descargar de la página Web del Consejo General del Poder Judicial para facilitarle dicha labor.
En la petición inicial ha de hacer constar:
1. Los datos de identificación de la comunidad de propietarios y de la persona que la presenta en su nombre, ya sea el presidente/a o el administrador/a, así como el/los domicilio/s a efectos de notificación. Es muy importante que aporte también el número de teléfono y/o una dirección de correo electrónico, ya que estos datos permiten que las comunicaciones sean más ágiles.
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  1. Los datos personales y demás circunstancias de la/s persona/s deudora/s, así como el/los domicilio/s que haya/n designado a efectos de notificaciones y citaciones relacionadas con la comunidad, el del piso o local que sea de su propiedad en la comunidad, o aquél en el que resida/n o pueda/n ser hallada/s. Como en el apartado anterior, será muy útil que aporte también los teléfonos y/o direcciones de correo electrónico.
    En este sentido, la petición inicial puede dirigirse, además de contra el/la actual propietario/a de la vivienda o local, contra su anterior propietario/a, cuando éste deba responder del pago de la deuda conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal. Asimismo, también se puede dirigir la reclamación contra el/la titular que aparezca en el Registro de la Propiedad. En todos estos casos podrá formularse la petición contra cualquiera de los obligados al pago o contra todos ellos conjuntamente.
  2. De forma breve, los hechos que han originado la deuda.
  3. La cuantía de la deuda que haya sido aprobada por la Junta de Propietarios y que consta en la certificación, así como, si se ha realizado un requerimiento previo de pago que conste documentalmente, el importe de tales gastos.
    DOCUMENTOS
Junto con la petición inicial deberá acompañar los siguientes documentos:
1. Certificación del acuerdo de la Junta de Propietarios aprobando la liquidación de la deuda y su impago, que deberá confeccionar quien actúe como secretario/a de la misma, con el visto bueno del presidente/a.
2. Documento acreditativo de la notificación al deudor del acuerdo que aprueba la liquidación de la deuda.
3. Documento que acredite la condición de presidente/a o administrador/a de la Comunidad y la autorización para formular la reclamación.
4. Justificantes de los gastos ocasionados por el previo requerimiento de pago (Correos, Notario, etc.), si se hubiere realizado, así como del documento acreditativo de haberse practicado.
Si se trata de documentos privados, deberá presentarlos por original o mediante copia autenticada por funcionario/a competente. Si sólo dispone de copia simple, podrá presentar ésta, que surtirá los mismos efectos que el original, siempre que su validez no se cuestione por las otras partes.
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COPIAS
Junto con la petición inicial habrá de presentar tantas copias de la misma y de los documentos como personas contra las que se haya dirigido la reclamación.
PAGO DE TASAS
Si la cantidad que reclama es superior a 2.000 euros, al presentar la petición inicial de Proceso Monitorio deberá acompañar el ejemplar para la Administración de Justicia del modelo 696 (tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden civil) con el ingreso debidamente validado y, en su caso, el justificante de pago del mismo, el cual puede rellenar y, en su caso, presentar e imprimir a través del portal de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Internet (www.agenciatributaria.es) o bien directamente en la dirección electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es.
Si no acompaña dicho justificante, el/la Secretario/a judicial le requerirá para que dentro de un plazo lo aporte, no dando curso a la petición inicial hasta que tal omisión se subsane. Si no aportase el justificante en el plazo concedido, se podrá dar lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según proceda.
LUGAR Y ÓRGANO DE PRESENTACIÓN DEL PROCESO MONITORIO
La petición inicial de Proceso Monitorio deberá presentarla en el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde se halle la finca, o en el del domicilio o residencia de la persona deudora o, si no se conociera, en el del lugar donde pudiera ser localizada, a elección de la comunidad de propietarios.
TRAMITACIÓN DEL PROCESO MONITORIO
Presentada la petición inicial, junto con los documentos establecidos para este tipo de procedimiento, el Juzgado, si estima que concurren los requisitos legales, acordará requerir de pago a la persona deudora para que, en el plazo de veinte días, pague o, comparezca ante aquél y alegue, en escrito de oposición, las razones por las que, a su entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada.
No obstante, si de la documentación aportada con la petición el Juzgado entiende que la cantidad que reclama no es correcta, puede plantearle que, en un plazo no superior a diez días, acepte o rechace que se requiera al deudor por un importe inferior al inicialmente solicitado que le especificará. En caso de aceptar, podrá solicitar a la Agencia Tributaria la rectificación de la autoliquidación presentada en concepto de tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional y, en su caso, que se le devuelva la parte de la cuota tributaria pagada en exceso, de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de las devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria. Si no envía ninguna respuesta o la misma es de rechazo a que el requerimiento al deudor se haga por importe
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inferior al reclamado en su petición, se le tendrá por desistido, archivándose el procedimiento.
Asimismo, si el requerimiento de pago al deudor resulta infructuoso en el/los domicilio/s, residencia o lugar donde pudiera ser hallado que haya indicado en su petición o en otros en que se haya podido intentar tras realizar el Juzgado las correspondientes averiguaciones sobre su domicilio o residencia, o cuando resulte que el mismo es localizado en otro partido judicial, el Juzgado dictará una resolución dando por terminado el proceso, pudiendo en ese caso presentar una nueva solicitud ante el Juzgado competente.
Una vez practicado el requerimiento, dentro del plazo de veinte días, puede ocurrir:
  •   Que la persona deudora abone la deuda, debiendo acreditarlo ante el Juzgado, en cuyo caso se acordará el archivo de las actuaciones, entregándole a la persona peticionaria el importe de la deuda si se hubiese consignado en la cuenta del Juzgado.
  •   Que la persona deudora no pague ni comparezca dando razones por escrito para no pagar. En este supuesto el/la Secretario/a Judicial dictará un decreto que finaliza el proceso monitorio y del que se da traslado a la persona acreedora para que solicite el despacho de la ejecución para el pago de la deuda y de sus intereses, bastando para ello la mera solicitud. Si la deuda es superior a 2.000 euros, la persona solicitante precisará obligatoriamente los servicios de abogado/a y procurador/a para los trámites de la ejecución. Si es inferior a esta cantidad, puede consultar la información que se facilita en el folleto sobre el Juicio Verbal, ya que los trámites de la ejecución son muy similares.
    Que la persona deudora se oponga por escrito al pago. En este caso hay que distinguir, a su vez, dos posibilidades:
    •   Si la deuda reclamada no supera los 6.000 euros, se les citará para un Juicio Verbal, al que deberán acudir con las pruebas que estimen oportunas (para más información consulte el folleto del Juicio Verbal). Tanto para el escrito de oposición de la persona deudora como para la asistencia a este juicio es obligatorio contar con abogado/a y procurador/a, si la reclamación excede de 2.000 euros.
    •   Si la cantidad reclamada excede de 6.000, el/la Secretario/a Judicial le dará el plazo de un mes para que, si lo desea, presente una demanda de Juicio Ordinario en reclamación de la deuda. También en este supuesto es obligatorio estar asistido de abogado/a y procurador/a.
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En este supuesto se descontará de la tasa que tenga que abonar para interponer la demanda de Juicio Ordinario la cantidad ya abonada en el Proceso Monitorio.
Si no presenta la demanda, se dará fin a las actuaciones y deberá afrontar las costas ocasionadas a la persona deudora (honorarios de abogado/a y procurador/a, etc.).
En caso de oposición al pago, tanto si se supera o no la cantidad de 6.000 euros, la Comunidad de Propietarios podrá solicitar el embargo preventivo de bienes suficientes de la persona deudora, para hacer frente a la cantidad reclamada, los intereses y las costas, acordándolo el Juzgado en todo caso sin necesidad de prestar caución, si bien el deudor podrá levantar el embargo prestando aval bancario por la cuantía por la que hubiese sido decretado.





miércoles, 21 de agosto de 2013

Lo que deben saber los abogados que utilizan WhatsApp para comunicarse con sus clientes

Articulo muy interesante sacado de legal today, muy recomendable su lectura.
El pasado 2 de julio la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) emitió un dictamen (CNS-24/2013) en el que resolvía la siguiente consulta que le formuló un Colegio de Abogados: analizar los riesgos que supone el uso de la aplicación WhatsApp en el ámbito profesional en las relaciones entre abogado y cliente, así como el grado de adecuación de dicha app a la normativa de protección de datos.

  1. En las relaciones abogado-cliente se aplica la LOPD;
  2. La LOPD también se aplica en relación al tratamiento de datos de usuarios de WhatsApp;
  3. WhatsApp no ofrecer suficiente información al usuario ni establece un consentimiento granular para tratar sus datos;
  4. WhatsApp no garantiza la seguridad de la información y se han detectado vulnerabilidades técnicas que suponen un grave riesgo para la seguridad de los datos.
  5. El abogado debe elegir los canales de comunicación más adecuados. Es su responsabilidad;
  6. No se recomienda que los abogados utilicen WhatsApp para comunicarse con sus clientes y más, teniendo en cuenta el tipo de información y datos personales que manejan.

viernes, 16 de agosto de 2013

Prórroga del Plan Prepara, con ayudas de hasta 450 euros a parados sin ingresos

El Gobierno aprobó el pasado 25 de enero un Real Decreto-ley en el que se establecía la prórroga automática de este programa por periodos sucesivos de seis meses hasta que la tasa de paro, medida en términos EPA, no baje del 20%.
Según explica el Ejecutivo en una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la tasa de paro del segundo trimestre ha sido del 26,26%, porcentaje que mejora en nueve décimas la tasa del trimestre anterior pero que continúa por encima del 20%. Por este motivo, el Gobierno procede a prorrogar por otros seis meses del plan Prepara.
El plan incluye ayudas económicas de 400 o 450 euros, según los casos, con una duración máxima de seis meses. Tras los últimos cambios en el plan, realizados hace un año, se tienen en cuenta los ingresos de los ascendientes (padres) a la hora de valorar si el desempleado cumple el requisito de rentas exigido para poder cobrar la ayuda de 400 euros.
Para beneficiarse del Plan Prepara, los solicitantes deben estar inscritos como demandantes de empleo y carecer de rentas de cualquier naturaleza superiores en cómputo mensual al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (481 euros), excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.
Se entiende que se cumple el requisito de carencia de rentas cuando la suma de las rentas de los integrantes de la unidad familiar, incluida la del solicitante y dividida por el número de miembros que la componen, no supere esos 481 euros.
La ayuda alcanza los 450 euros en aquellos casos en los que los beneficiarios tienen a su cargo a dos miembros de la unidad familiar, además de a su cónyuge o pareja de hecho. Para el resto de los desempleados, la ayuda es de 400 euros mensuales.



lunes, 12 de agosto de 2013

¿Se puede aparcar dos vehículos en una misma plaza?

A  la hora de contestar esta pregunta se deben tener en cuenta varias cuestiones, la primera sería en que los vehículos en ningún momento deben sobrepasar los limites establecidos por las marcas que delimitan el parking pues en este caso estaríamos en un supuesto que lógicamente no esta permitido, aparte debemos considerar que nuestro acto puede ser perjudicial para un tercero lo cual puede conllevar problemas.
Otra cuestión que  puede surgir es el relativo a   ordenanzas municipales, o los propios estatutos además que pueden existir conflictos con los seguros, pues algunas compañías  en vez de asegurar por metros cuadrados aseguran por vehículo con lo cual en caso de existir más de un vehículo por plaza puede existir un problema.
Con lo cual podemos concretar diciendo que mientras una persona use su plaza de garaje y no se salga de sus limites podrá hacerlo, ahora bien en caso de que exista un siniestro y tenga dos vehiculos en su plaza deberá elegir respecto a cual  se cubra.
Respecto  a la jurisprudencia esta se muestra  contraría a permitir que mediante estatutos o acuerdo de juntas se delimiten el derecho de propiedad, pues en sí tener dos vehículos en una misma plaza no puede ser considerado una actividad molesta   de las que se enumeran  en el art 7.2 Lph, (Audiencia Provincial de Zaragoza)
"la prohibición impuesta por la Comunidad a los copropietarios de estacionar dos vehículos en una plaza, pese a gozar la misma de las dimensiones suficientes, entraña una limitación al derecho soberano de propiedad, impuesta sin soporte justificativo alguno, que podría venir sólo determinado por el desarrollo de las actividades relacionadas en el número 2 del Artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal (actividades prohibidas en los Estatutos, dañosas para la finca o contrarias a las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas), no siendo el caso, y que contraviene claramente lo específicamente dispuesto en el Artículo 348 del Código Civil".




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